Desde el año 2010 al 2025 del Grupo Telefónica han salido más de 70 mil trabajadores y trabajadoras bien con planes incentivados de jubilación o Expedientes de Empleo. Una empresa que hasta hace poco era de capital público y que en la actualidad todavía tiene un 10% de acciones en el Grupo.

Mientras, la precariedad laboral en el estado afecta a millones de personas, muchas con contrato “fijo” pero sin posibilidades de llegar a fin de mes, viviendo en riesgo de pobreza y exclusión social, con imposibilidad de acceso a vivienda digna y con unos servicios públicos como la educación, los cuidados o la salud, cada día más deteriorados.

Con esta realidad, asumir un ERE en una empresa cuyo presidente reconoce que tiene más de 120 mil empleados, pero solo unos 20 mil con contratos mínimamente dignos, debería ser un delito.

Sin embargo, la patronal junto con sus sindicatos CCOO y UGT, no tiene problemas en firmar un ERE para más de cinco mil trabajadores y trabajadoras con derechos que serán sustituidos por precariedad laboral, esa que ya afecta al 47’5% de la población activa, 11,5 millones de personas con inseguridad laboral.

Destruir empleo supone, para patronal y sindicatos del sistema, el momento de hacer caja, bien a traves de la gestión de los planes de pensiones privados firmados en Telefónica y otras empresas o directamente por el pago por las funciones de asesoramiento. Se trata primero de convencer a las plantillas que es la mejor opción, y una vez aceptado, el camino está allanado para que en la negociación de los convenios se pierdan capacidad poder adquisitivo y derechos.

Telefónica fue regalada a entidades bancarias y fondos buitres, cuando debería haber sido un modelo en la creación de empleo de calidad y motor de la economía de la Información.  

Desde el Comité Estatal de la Federación Sindical Mundial consideramos que hay alternativas:

-NO ACEPTAR EXPEDIENTES DE REGULACIÖN DE EMPLEO YA QUE SOLO SIRVEN PARA LIQUIDAR DERECHOS ADQUIRIDOS TRAS AÑOS DE LUCHA.

-APOSTAMOS POR LA JUBILACIÓN A LOS 60 AÑOS CON CONTRATOS DE RELEVO QUE GARANTIZAN UNA RETRIBUCION DEL 100% PARA LA Y EL NUEVO PENSIONISTA Y EL MANTEMIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES CONQUISTADAS PARA LAS NUEVAS CONTRATACIONES,

 

LA UNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA, 


NO A LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO, NO A LOS ERES.

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